CPM repudia la represión a murga de Bajo Flores

El viernes pasado efectivos de Gendarmería Nacional reprimieron brutalmente a vecinos de la villa 1-11-14 del Bajo Flores, entre los que se encontraban niños y jóvenes que integran la murga Los auténticos reyes del ritmo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia este nuevo hecho de represión y advierte, una vez más, sobre la ilegalidad con que actúan de las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. El organismo exige que se arbitren las medidas necesarias para identificar a los responsables institucionales del ataque y, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, reclama que las autoridades políticas —tanto el Estado nacional como el Ministerio de Seguridad— se expidan públicamente sobre el ataque perpetrado por las fuerzas policiales que operan bajo su conducción.

La prepotencia e impunidad de los miembros de Gendarmería en este hecho es un reflejo de la ilegalidad con la que actúan regular y sistemáticamente las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene advirtiendo y denunciando estas prácticas arbitrarias como parte de una estrategia para el control del espacio público orientada, principalmente, sobre los barrios más pobres y los sectores más vulnerados.

Al mismo tiempo, el organismo ha manifestado reiteradamente la preocupación por el involucramiento de estas fuerzas cuyos objetivos no son la población civil en territorios vulnerables.

Lo sucedido el viernes pasado viene a confirmar la ineficacia con la que operan estas fuerzas especiales en el territorio y las terribles consecuencias. El ataque contra los niños y jóvenes de la murga del Bajo Flores mediante el uso indiscriminado de balas de goma pone de relieve, una vez más, la sistematicidad de la represión, el desconocimiento de los protocolos de actuación y la vulneración de los derechos y garantías expresados en la Constitución Nacional.

La CPM reitera su preocupación por la gravedad de este último suceso que, como se mencionó, forma parte de la política punitiva y represiva que adoptan las fuerzas policiales frente a los conflictos sociales. Además, exige que se tomen las medidas necesarias para identificar a los responsables institucionales de la violenta represión y proceder a su sanción administrativa y judicial.