Ley Ómnibus: contempla que las universidades públicas impongan aranceles a los estudiantes migrantes no residentes

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto titulado «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en el que propone una gran variedad de reformas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa y tarifaria. Entre ellas, se cuentan cambios en las leyes que regulan la Educación Nacional y la Educación Superior.

Adrián García, Titular de la Dirección de Asuntos Migrantes de la Universidad Nacional de La Plata, opinó en diálogo con Radio Universidad sobre el artículo que habilita a las casas de estudios que lo deseen, a cobrar un arancel a los extranjeros no residentes que aspiren estudiar una carrera de grado en universidades públicas:

«Es una Ley Ómnibus, sin freno porque se lleva puesto todo. Esto es algo que lo venían trabajando hace tiempo, no es un proyecto que se escriba de un día para el otro. Ya lo venían anunciando desde mitad de año, cuando Bullrich y Petri hacían hincapié en la cuestión de migrantes en las universidades públicas. Ahora hay que ser pacientes, leer mucho, porque con cada artículo se encuentran cosas nuevas. Si bien, todo esto se tiene que abordar en el Congreso y los diputados van a tener un determinado tiempo para tratarlo en comisión, deja claro qué es lo que quieren hacer.»

En relación al contenido del proyecto, García explicó las contradicciones que contiene: «Se introduce una modificación importante en el Artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior que no termina de quedar claro sobre las condiciones de admisión y libra a las autonomías de las universidades la decisión de establecer algún tipo de arancel o no. Pero esto choca de frente con la Constitución Nacional, en su preámbulo donde plantea -asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino-. Además, el Art. 75 inciso 22 hace énfasis en declarar con carácter de ley a determinados tratados, entre ellos La declaración de la Asamblea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contemplan a la educación como un derecho universal en todo el suelo argentino.»

Adrián García puntualizó también la contradicción con La Ley de Migraciones: «En su Artículo 4 establece garantizar los principios de igualdad y de universalidad para todo aquel migrante como sujeto de derecho y, en el Artículo 7, refiere sobre las irregularidades migratorias, que no impiden la admisión de un alumno a un establecimiento educativo. Mientras que, el Artículo 6, sí habla sobre asegurar el acceso igualitario a los migrantes y a sus familias en condiciones de protección y amparo de los mismos derechos que gozan los nativos.»

«Tiene varias inconsistencias el proyecto y sobre eso vamos a estar trabajando desde el área de Asuntos Migrantes de la UNLP, porque usar a los estudiantes como fuente de financiamiento de las Universidades, establecería un precedente para mercantilizar la educación», concluyó Adrián García, Titular de la Dirección de Asuntos Migrantes de la Universidad Nacional de La Plata.

La entrevista: