Torturas en Malvinas: excombatientes reclamaron a la ONU por el freno de la causa / Entrevista a Jerónimo Guerrero Iraola, Abogado del CECIM La Plata

12 mayo, 2022

Una agrupación de ex combatientes de Malvinas presentó un pedido en la ONU (Organización de Naciones Unidas) para que este organismo internacional se expida sobre las demoras del Poder Judicial en la causa por torturas de militares argentinos contra su propia tropa durante la guerra de 1982. El planteo fue presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el suizo Nils Melzer.

Jerónimo Guerrero Iraola, Abogado del CECIM La Plata y Director de Coordinación Unidad Defensor de la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en comunicación con radio Universidad de La Plata, indicó que lo que quieren poner «de resalto ante la Organización de las Naciones Unidas, especialmente a instancias del Relator Especial sobre la tortura es la situación que se viene dando desde hace 15 años, respecto de la cuál, el Poder Judicial de la Nación vulnera Derechos Humanos, al incumplir con una de las obligaciones que tiene el Estado argentino, que es la de investigar y eventualmente juzgar en aquellos casos en los que se suponga que se ha cometido el delito de torturas. Eso no es una opinión personal ni del CECIM, es algo que emerge de la Convención contra la Tortura».

El letrado remarcó además que «en el momento en el que el Poder Judicial retrasa esta causa revictimiza a los soldados y omite cumplir con los estándares vigentes, lo que hace es violar Derechos Humanos. Tengo mucha experiencia en la materia, y es la constante es que el Poder Judicial no cumple con aquello que tiene que cumplir. No estamos pidiendo que condenen, porque nosotros sí somos muy respetuosos de los Derechos Humanos, y entendemos que hay un cúmulo de garantías que deben tener incluso los más altos criminales, en términos de criminalidad estatal. Entendemos que esas personas deben ser sometidas a una investigación, en pleno cumplimiento de las garantías, y sobre todo en un juicio oral y público ante un tribunal criminal competente».

La entrevista:


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