Domiciliaria para Etchecolatz y dos represores de la Contraofensiva / Entrevista a Guadalupe Godoy, abogada en los juicios de lesa humanidad en La Plata

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, benefició entre ayer y hoy con la prisión domiciliaria a los represores Miguel Etchecolatz, Mario Ocampo y Luis Firpo por considerar que sus problemas de salud no pueden ser atendidos en la Unidad Penal de Campo de Mayo, donde se encuentran detenidos. En el caso de Etchecolatz, de 93 años, quien sumó días atrás su novena condena a perpetua en la causa Garachico y se encuentra internado en una clínica privada, no se hará efectivo por ahora, ya que tiene prisión preventiva en otras causas y está siendo juzgado en dos debates orales: Hogar de Belén y Las Brigadas.

Para dialogar sobre esta decisión judicial en favor de los mencionados genocidas, radio Universidad de La Plata se puso en contacto con Guadalupe Godoy, abogada en los juicios de lesa humanidad en La Plata, quién remarcó que «en 2005, cuando se anulan las leyes de impunidad y se abre esta segunda etapa de juzgamiento, se hace con una decisión política, que toma en ese momento el Gobierno nacional y se salda en que esta etapa se iba a hacer con las herramientas judiciales y procesales que ya existían y que estaban para los delitos comunes. Es decir, no se iba a crear un tribunal, una normativa o reglamentación específicas. Algunos organismos objetamos eso, que los códigos no estaban hechos para juzgar genocidas, pero esas son las reglas. En función de eso,  ha pasado esto. No logramos una unificación, los juicios se fragmentaron, y por eso estamos, 15 años después, con un montón de condenas y juicios sobre las mismas personas, con mucha imposibilidad de avanzar hacia otros responsables, o visibilizar a los responsables civiles,  y por otro lado, con las reglas procesales para lo que tiene que ver con las condiciones de libertad o cárcel».

Godoy mencionó también el rechazo que les generaban las prisiones domiciliaras a genocidas  en 2006, porque «las leíamos, porque lo eran, como un privilegio. A una persona que hubiera cometido un delito común, no se las otorgaban, y a lo largo del tiempo empezó a ver algo que denominamos ‘impunidad biológica’. La estrategia de las defensas de tienen que ver con que pase el tiempo, se vencen las prisiones preventivas o, como son personas mayores, quedan impunes, porque quedan fuera del proceso, como pasó hace poco con Blaquier, o la situación hace, como dijo el servicio penitenciario el año pasado, que no están en condiciones de atender las patologías. En el caso de Etchecolatz, la defensa utilizó un informe que había hecho el servicio penitenciario, donde decían que no estaban en condiciones de atender las patologías que tenía el genocida, después el servicio se desdijo, pero la Sala 1 resuelve con ese primer informe».

La entrevista: