DIRIGENTES CUESTIONARON AL GOBIERNO RESPECTO A LOS SECTORES DE MENORES INGRESOS Y LA LEY

Las autoridades de la Confederación General del Trabajo difundieron un comunicado en el cual se refirieron a las condiciones de vida de los sectores con menor poder adquisitivo y las dificultades en el acceso a los alimentos. Asimismo, dirigentes de la oposición se pronunciaron respecto a la ley que en particular trata el Congreso.

En el texto, los sindicalistas manifestaron que «frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico».

Luego, el comunicado indicó que “el último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse». En el texto, los gremialistas se refirieron a la ley que trata el Congreso y establecieron una jerarquía de prioridades al afirmar que “es precisamente eso lo que hoy sí resulta realmente ‘necesario’”.

“La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Especialmente en lo que se refiere a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Constituyen un abanico doloroso de nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, con sus secuelas de miseria y deterioro, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población”, sostuvo la CGT.

Para la organización gremial, “el hambre muestra el rostro más cruel de los desafíos como dirigentes y también como habitantes naturales de una nación”. «Un plato de comida no se le niega a nadie’ es una vieja frase que representa nuestra más saludable tradición argentina”, manifestó la central obrera.

La CGT lamentó que “las distintas variables económicas de estos últimos días muestran datos preocupantes que se observan sobre todo en el descontrolado aumento de los alimentos y los servicios en general, componiendo un panorama complejo de cara a los meses venideros”.

Por último, el comunicado concluye con un llamado a cambiar el rumbo: “Es preciso prestar debida acción» a la situación «y prevalecer en el esfuerzo para curar, cuidar y compartir con los más débiles o desprotegidos, que es lo que nos constituye como comunidad. Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones”.

Al respecto, Pablo Moyano, dirigente de la central gremial, manifestó que “estamos abocados en ir a hablar con gobernadores, senadores y diputados, con los pocos a los que les queda dignidad, para rechazar” la ley.

Moyano indicó que la CGT se opone “fundamentalmente a las privatizaciones” de las empresas públicas y a la “fórmula jubilatoria”.

“Vamos a seguir insistiendo para que el Senado, una vez que la ley llegue desde Diputados, la rechace”, agregó.

Moyano, en tanto, comentó que la conducción de la CGT se reunió y no descartó llevar adelante una nueva medida de fuerza, como un “un paro nacional o movilizaciones”.

El cotitular de la CGT mencionó que la central obrera podría tomar una decisión en tal sentido una vez que finalice el abordaje de la ley. “Esperaremos a ver cómo termina”, dijo.

Asimismo, Moyano añadió que “la conflictividad social se va incrementando” en el país porque “no hay” de parte del Gobierno “una política económica ni social para contener a aquellos millones de argentinos que no llegan a fin de mes”.

Por otra parte, distintos dirigentes también se pronunciaron respecto al debate en particular sobre la ley que continúa en el Congreso. Al respecto, en primer lugar, se pronunció el diputado nacional Oscar Agost Carreño de Hacemos Coalición Federal quien sostuvo que no se ha logrado «un diálogo sano y maduro» sobre la norma, y aseguró que se produjo un «desgaste muy complejo» en las negociaciones.

«Tampoco encontramos funcionarios que tengan la última palabra para poder negociar los artículos básicos del proyecto», afirmó.

El presidente del PRO de Córdoba añadió que «nunca en la historia de la Argentina hubo tan pocos diputados que representaran a un oficialismo con tanta inexperiencia» y tampoco se «han presentado leyes fundacionales como estas».

«Nos está llevando a un desgaste muy complejo. Ante la falta de dialogo puede pasar cualquier cosa en el recinto. Hubo muchos capítulos que fueron desistidos por el oficialismo del texto original tras las negociaciones, a pesar de que el propio Gobierno negó que existieran», añadió el legislador.

Y añadió que «viene muy trabado ese proceso».

«La calidad hace que va a ser una ley totalmente distinta a la original. La original era mala porque hacia que el ajuste lo pagaran las provincias, los jubilados y el campo que siempre nos saca la crisis. Hemos logrado con la negociaciones, que dicen que no existen, mejorar la ley», subrayó.

En tanto, afirmó que «es esencial los servicios que prestan los gobernadores en las provincias» y que «no pueden ser fundidos» y llamó a que haya «una mesa de diálogo para que el Congreso no se vuelva un circo romano».

«El problema es que Argentina tendría que tener una ley de coparticipación», finalizó.

Quien también se pronunció sobre el trámite legislativo fue la diputada nacional Margarita Stolbizer del mismo espacio político que Agost Carreño.

La diputada afirmó que en la Argentina «el problema de fondo es la inflación» y consideró que el Gobierno nacional debería poner «todo el esfuerzo» en resolverla, al asegurar que destina «esfuerzos en otras cuestiones que no son prioritarias» como la ley.

«El problema de fondo es la inflación y no se la mide solo mirando el numerito rojo todos los meses. La inflación es el salario y la jubilación que no alcanza para las cuestiones mínimas. Ahí debería estar puesto todo el esfuerzo, en ver cuál es el plan de estabilización del Gobierno», afirmó.

En ese sentido, agregó que el gobierno «se distrae en muchas otras cuestiones» como en el tratamiento del proyecto de ley mientras que «el foco» debería estar en «la inflación, la insuficiencia del ingreso y el empleo» que son los problemas de «la economía doméstica que cruza a los argentinos».

En tanto, afirmó que la salida del paquete fiscal de la ley «no es acertado» porque permitiría «saber cómo se compensa el problema de los subsidios, atender la situación de las provincias y de los que más sufren con esta situación».

«El gobierno también retiró la moratoria, donde dimos acuerdo para tratarlo porque que puede dar luz a las PyMES, que dan trabajo y necesitan un alivio», añadió.

De igual modo se pronunció el el diputado de Corrientes por la Unión Cívica Radical Manuel Aguirre quien afirmó que su espacio tendrá reparos con los artículos del proyecto de ley que «pueden causar un daño muy grande a la sociedad», y mencionó que los puntos que más le preocupan son «las delegaciones de facultades y la venta desordenada de empresas públicas».

«Podemos ponerle obstáculos al gobierno cuando se trate de aprobar artículos que realmente pueden causar un daño muy grande a la sociedad», indicó Aguirre.

«Venimos trabajando desde el 20 de diciembre aproximadamente, conversando con el oficialismo», agregó.

El diputado correntino también se refirió al pedido que hicieron los gobernadores de coparticipar el impuesto PAIS y remarcó que para su espacio el gravamen «debe ser coparticipable».

«El problema es que después no podés sacar, que esto va a continuar eternamente como cualquier impuesto por impuesto», agregó.