La Secretaría de DDHH firmó un Acuerdo con la CIDH por el caso de un trabajador de Ford secuestrado / Entrevista a Victoria Basualdo

La Secretaría de Derechos Humanos firmó un Acuerdo ante la CIDH por el caso de un trabajador de Ford secuestrado. Se trata de un compromiso de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reparación por los perjuicios sufridos por Pedro Troiani, secuestrado y torturado dentro de la empresa automotriz y luego despedido sin posibilidad de indemnización, y que falleció el año pasado.

Radio Universidad de La Plata entrevistó a Victoria Basualdo, coordinadora de la “Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica” en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e investigadora del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, quién indicó que «el tema de la responsabilidad empresarial (en el golpe de Estado de 1976) y el involucramiento de las empresas en la represión es fundamental, porque lo que Pedro (Troiani) reclamó ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) es la imposibilidad de iniciar acciones civiles contra la empresa porque le declararon la prescripción. Es decir que no solo fue secuestrado en su lugar de trabajo, no solo se lo llevó a un quincho que funcionó como centro clandestino de detención, si no que además, el mismo día de su secuestro en la fábrica, le enviaron un telegrama de despido, por abandono de tareas».

Basualdo remarcó asimismo que «después de toda la odisea que vivieron los trabajadores de Ford, de estar encarcelados dentro de la planta, luego en comisarías y en centros penitenciarios, y de estar después con libertad vigilada durante años, con su familia, cuando intentó iniciar acciones judiciales, le declararon la prescripción» y agregó que Troiani «inició en los ’90 un reclamo ante la CIDH contra el Estado argentino por el derecho a iniciar esas acciones civiles vinculada con delitos de lesa humanidad», recalcando que esta firma, realizada hoy a las 11 horas, implica «un hecho histórico, la reparación de esa situación, dónde el Estado se hace cargo de que él tenía efectivamente derecho a accionar en el campo civil y laboral contra la empresa. El Estado no solo reconoce una indemnización, una reparación, que lamentablemente para Pedro llega tarde, si no que también hace un reconocimiento colectivo de la importancia de esta lucha sostenida durante décadas, y la necesidad de investigar todos los casos de responsabilidad empresarial, de judicializarlo».

La entrevista: