UN AÑO DE LA NUEVA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

El presidente Luis Arce cumple un año al frente del Poder Ejecutivo de Bolivia, una gestión que comenzó con los objetivos de reactivar la economía y encauzar política y constitucionalmente a un país que de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020 fue la última nación latinoamericana en tener un Gobierno de facto.

«Gobernaremos con responsabilidad e inclusión afrontando los cambios para que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad en el menor tiempo», dijo Arce al asumir ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en un discurso conciliador en el que no mencionó a su padrino político Evo Morales, el jefe del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que había sido derrocado en un golpe de Estado hacía poco más de un año.

Sin embargo, el presidente criticó los 12 meses previos en los que la líder opositora Jeanine Áñez gobernó de facto el país, un periodo que sumió a la nación en una crisis institucional.

«Vamos a recuperar los niveles de crecimiento que el Gobierno de facto hizo añicos y lo haremos reduciendo la pobreza y las desigualdades económicas y sociales», remarcó Arce al dar comienzo a su Presidencia, luego de obtener el 55,1% de los votos.

Las medidas impulsadas por el Gobierno se enmarcaron «en un modelo estatista que apuesta por las empresas estatales como la de telecomunicaciones, la aerolínea nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)», explicó el analista político boliviano Fernando Molina.

«El modelo económico que impulsa Arce es el mismo de Morales porque él fue quien lo comandó y planificó», agregó Molina sobre una época que considera «uno de los momentos más brillantes de la economía boliviana en toda su historia» del que Arce, entre 2006 y 2019, fue ministro de Economía en dos oportunidades.

Al asumir como presidente el desempleo llegaba a 11,6%, el más alto de los últimos 50 años. A principios de octubre, con 11 meses de gestión, el Gobierno del MAS anunció haber bajado esta tasa al 6,5%. Otra de las primeras medidas del Gobierno fue la inyección de dinero a través del «Bono contra el hambre».

«A cada persona mayor de 18 años se les ha dado 1.000 bolivianos (casi 145 dólares) para que pueda reactivar su economía familiar, esa ha sido una de las primeras políticas que ha incursionado Arce», destacó el extitular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Beymar Acuña.

El dirigente campesino consideró que durante el periodo de facto de Áñez «se han saqueado y privatizado varias empresas estratégicas como Entel, Lotum, Eléctrica Central Bulo Bulo y Boliviana de Aviación», pero que el Gobierno actual «mejorará la economía a través de reactivar estas empresas estratégicas» con el objetivo de «contar a fin de año con un 4% de crecimiento económico en el Producto Bruto Interno».

Pese a que el Gobierno anunció hace dos meses «un superávit comercial de 832 millones de dólares, el más alto en siete años», Bolivia se encuentra en una crisis económica agravada por, entre otras cosas, un déficit fiscal de más de 8% del PBI arrastrado durante los últimos seis años.

A esto se sumó la decisión de Arce de devolver un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares, que había sido pedido y firmado por Áñez. «Lo ha hecho como cumplimiento de una promesa electoral ya que el MAS lo considera como un crédito contrario a la soberanía nacional. Esto ha debilitado aún más la situación exterior de la economía, que sufre por falta de reservas de divisas», explicó Molina.

Pese a que el expresidente Morales también se jactó de haber conducido a Bolivia por una senda de desarrollo sin la ayuda del FMI, durante su Presidencia «había cierta alianza entre la burguesía boliviana y Morales, que se ha roto con lo sucedido en 2019», resaltó el analista político y mencionó al impuesto a las grandes fortunas como otra medida de Arce que trajo «dolores de cabeza a los empresarios bolivianos».

Sin embargo, también existe una serie de demandas insatisfechas dentro de las organizaciones sociales pertenecientes al partido oficialista MAS, quienes piden mayor injerencia del Estado para compensar cierta falta de oportunidades que ofrece la economía.

«Varios planes han quedado paralizados. El año que viene se tienen que abrir estos programas de apoyo a los sectores sociales, como es el muy preocupante tema del agua», dijo Acuña sobre un insumo que a fin de año alcanzaría a 63,4% de la población con saneamiento básico, según proyectó el Gobierno en abril.