Alquileres / Claves sobre el descongelamiento y la negociación entre inquilinos y propietarios

El Gobierno nacional confirmó en las últimas horas que no extenderá el decreto que congeló el valor de los alquileres, prorrogó los contratos de forma automática y suspendió los desalojos desde marzo pasado, hace casi un año, noticia que generó fuerte impacto entre inquilinos e inmobiliarias.

En diálogo con Radio Universidad, German Schierff, Presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, señaló que desde esta organización han agrupado «3 grandes problemas, que se vinculan a lo que los inquilinos nos están consultando. El primero, y más fuerte, es el tema de los desalojos. Hay muchas personas que ya tenían juicios de desalojo en proceso. A partir de abril esto va a poder seguir avanzando. Mucha gente no puede acceder a una representación legal que le garantice un justo derecho en el proceso. Nos preocupan además los desalojos violentos o de hecho, que es cuando se hacen de forma ilegal, que es cuando los sectores más vulnerables encuentran sus cosas en la calle o que les cambiaron la cerradura, o los amenazan constantemente. Después nos preocupan las deudas que acumularon los inquilinos van a tener que afrontar a partir de abril, tanto en la diferencia del precio como en alquileres no pagos. No creemos que su economía les permita afrontar estos gastos, y nos preocupa que no haya espacios dónde los inquilinos puedan corroborar si la deuda que les están cobrando es la correcta».

Además, Schierff remarcó que «cuando finaliza el decreto, finalizan las prórrogas de los contratos vencidos, así es que muchos inquilinos van a afrontar nuevamente la búsqueda de una casa o lo que se conoce como ‘renovación’, y todos sabemos que esos costos no son para nada baratos. En resumidas cuentas, vemos que el Gobierno nos dejó bastante solos, nos ‘largó’ sin muchas herramientas de control y de ayuda para poder afrontar lo que se viene», y agregó que «las personas tienen derechos que se deben cumplir. Hay fallos de la Corte Suprema que sostienen que si la persona desalojada está en una situación de vulnerabilidad y no puede conseguir otra vivienda, es el Estado quién se la debe garantizar. Vemos grandes fallos en todo este proceso, para conseguirles ese acceso. Eso se logra cuando hay una cierta organización, como por ejemplo en el caso de las grandes tomas, con un núcleo de gente bastante grande en una situación muy compleja, y ahí el Estado suele responder. La caso de los inquilinos es mucho más desolador, porque generalmente están solos en esa situación y tienen más naturalizado el ‘ser echado’,  por así decirlo, y entran en círculos de mucha precariedad y de mucha inestabilidad. Hoy se privilegia, en el marco de los desalojos de la Justicia, la idea de recuperar la propiedad, y se pierde de vista un sujeto vulnerable con derecho y con problemas en el acceso a la vivienda».

La entrevista: