Clases presenciales / Fallo judicial en CABA / Entrevista a la abogada Natalia Salvo: «Desde lo jurídico, es una aberración»

La Sala IV del Contencioso Administrativo de la Ciudad, que actuó con premura dominical a instancias del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habilitando las clases presenciales en ese distrito, en contra de lo dispuesto por el gobierno Nacional, tiene 43 amparos sin resolver por pedidos de vacantes.

Radio Universidad de La Plata dialogó con Natalia Salvo, abogada, docente de la UBA. Además e integrante del Frente de Abogadxs Populares (FAP) y de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, para abordar el el tema. Sobre el fallo en cuestión, consideró que «tiene dos lecturas, la primera, vinculada a la motivación, es una lectura política. Horacio Rodríguez Larreta no puede gobernar si no es con su justicia cómplice. Un tribunal que hace lugar, después de 2 rechazos, a un amparo de una ONG de padres, fomentado por otro diputado del macrismo,  y que desconoce, no solamente en lo jurídico la normativa federal, con lo cuál era un juzgado incompetente, porque es un juzgado local, si no que el jefe de gobierno anunció una movida en contra de los actos propios. Había concurrido a la Corte Suprema de Justicia el viernes anterior, para pedir la declaración de inconstitucionalidad del DNU que establece dos semanas de escolaridad virtual. Como no lo obtenían, en el tiempo que ellos querían, para su merchandising político, entonces hicieron una maniobra típica de forum shopping durante todo el fin de semana. Desde lo jurídico, es una aberración».

En ese sentido, Salvo recordó que «hay una pirámide jurídica que establece que hay normas que tienen una validez superior a otras, en primer lugar, la Constitución Nacional, pero en segundo lugar, en este caso, un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene mayor jerarquía que una resolución de los ministerios de Educación y de Salud de CABA. Además, no es el juez natural, es la Corte Suprema, a la que concurrió Horacio Rodríguez Larreta, o, con otras interpretaciones, los juzgados contencioso administrativos federales, pero no un juzgado local, conformado exclusivamente por jueces que en redes sociales se declaraban a favor de la presencialidad, que no eran imparciales, y que son familiares de ministros de Macri. Cuando los jueces fallan manifiestamente en contra de la Constitución y de la ley, les cabe el delito penal de prevaricato».

La entrevista: