La CPM repudia la represión en Vicente López

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado con el fin de repudiar la represión de la policía bonaerense a los miembros de un centro cultural en Vicente López, que funciona como unidad básica de la secretaría de cultura del Frente Para la Victoria de esa localidad.

Acá, el texto completo del comunicado:

«Según el relato de las víctimas y como puede constatarse en los videos que registraron el accionar policial, los efectivos arribaron al lugar en calle Sturizza 557 (Estación Olivos) con la orden de desalojar y clausurar el local; en ese momento, las personas presentes en el Centro de Artes Batalla Cultural fueron amenazadas, agredidas verbal y físicamente, y trasladadas a la comisaría donde fueron nuevamente golpeadas.

En el marco de esta irregular y violenta intervención policial, se les abrió a las mismas víctimas una causa por “daños y resistencia a la autoridad”. Los responsables del centro cultural rechazaron esta acusación y denunciaron la orden de clausura y la represión desatada. Además, agregaron que del operativo participaron decenas de efectivos sin identificación, muchos de los cuales llegaron en patrulleros sin patentes.
Ante la gravedad de estos hechos que involucran a la policía bonaerense, la CPM vuelve a manifestar su preocupación por las reiteradas prácticas represivas que hacen uso desproporcional de la violencia, atentan contra la integridad de las personas y vulnera los derechos y garantías expresados por la Constitución Nacional.
En este caso en particular, además, se trata de respetar la libertad de expresión de un colectivo cultural y político. La pluralidad, el respeto y la tolerancia son normas que debe asumir todo régimen democrático y todo estado de derecho.
La CPM aboga por la construcción y discusión de una política en seguridad en el marco de los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos; por ese motivo, repudia la represión, se solidariza con las víctimas del Centro de Artes Batalla Cultural y exige que se arbitren las medidas necesarias para aclarar los hechos sucedidos, poder identificar las responsabilidades institucionales de la violenta intervención policial y proceder a su sanción administrativa y judicial».