Pidieron a Bruera que convoque una audiencia pública

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Asociación Miguel Bru y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) presentaron un pedido al intendente de La Plata, Pablo Bruera, para que convoque a una audiencia pública donde la comunidad pueda discutir la política de seguridad en el municipio y, particularmente, el control de la Policía Local y la preparación y capacitación de los agentes de esta fuerza.

“Confunden seguridad con estado policial y saturan las calles de nuevos agentes; la política represiva de las policías genera más represión y menos libertades públicas”, expresó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, durante la conferencia en la que se pidió al intendente de La Plata, Pablo Bruera, que convoque a una audiencia pública. La Asociación Bru y la FULP convocaron y acompañaron el reclamo que sumó la adhesión de más de 50 personalidades y organizaciones sociales y de derechos humanos. Además participó Ramiro Cobo, papá de Rafael, el chico baleado por un agente de la Policía Local.

Junto a ellos estuvieron el co-presidente de la CPM, Aldo Etchegoyen, y los miembros Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun y Roberto Cipriano García. Rosa Bru y Darío Estévez –en representación de la Asociación Bru y la FULP, respectivamente– y el académico Esteban Rodríguez Alzueta también formaron parte de la conferencia de prensa que se realizó en la sede de la CPM de calle 54.

El pedido de convocatoria a una audiencia pública se enmarca en los recientes acontecimientos de violencia policial ocurridos en la ciudad en un lapso de cinco días. La gravedad de los casos de Juan Martín Yalet y Rafael Cobo es que no constituyen hechos particulares ni casos aislados: son un emergente más de las consecuencias de la política criminal en la provincia de Buenos Aires, que asumen la muerte, las torturas y la corrupción policial como parte de la gestión cotidiana de los conflictos sociales.

En este sentido, Roberto Cipriano Garcia, secretario de la CPM, remarcó que “el pedido de audiencia pública al intendente municipal es sumamente necesario para que se discuta, en el ámbito institucional, la formación, integración y fines de la Policía Local. Es importante habilitar estas instancias públicas donde la sociedad pueda participar, discutir y aportar a un debate que nos atraviesa a todos”.

En virtud de su sistemática experiencia en el control y monitoreo de las causas y consecuencias del despliegue territorial de las policías, la CPM reiteró en innumerables oportunidades que el estado de vulneración de derechos sobre el que se asienta la política adoptada en materia de seguridad se ha agravado aun más desde la declaración de la emergencia en Seguridad, dictada en 2014 por decreto del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Con esa decisión se consolidaron una conducción y un perfil de gestión orientados a la incorporación masiva de nuevos agentes y a la exacerbación de la saturación policial.

En ese contexto se crearon las policías locales por una resolución ministerial y, en el lapso de un año, con una preparación de solo seis meses, más de 500 agentes salieron a las calles de La Plata portando armas con una instrucción precaria e insuficiente. En la conferencia de prensa de hoy, Ramiro Cobo, padre de Rafael, apuntó a esta cuestión: “Yo lo tengo vivo, pero hay muchos que ya no están; no puede salir cualquiera con un arma; la policía tiene que estar en la calle para cuidarnos y sus agentes tienen que estar preparados y capacitados”.

La CPM viene advirtiendo que la demagogia punitivista genera más violencia social: más policías y más armas significa más represión. En esa misma línea, durante la conferencia, Rosa Bru expresó: “Nos preocupa el accionar de la policía y los discursos sociales que avalan los casos de violencia y muerte por parte de la policía”.

Frente a este estado de situación, la CPM solicitó reiteradamente que se generen canales de diálogo y espacios plurales de debate que permitan repensar íntegramente las políticas de seguridad en el territorio provincial. Desde el organismo se advierte que “de manera urgente” se debe discutir: la función de las policías locales, la formación y capacitación de sus agentes, la vigencia del llamado “estado policial” por el cual el personal de las fuerzas de seguridad está obligado a portar el arma en todo tiempo y lugar, y el registro y control de los arsenales de las policías pues repercuten en la producción de violencia, por ejemplo, engrosando el mercado ilegal de armas.