Con energía más cara para los argentinos

Es dura la vida de los empresarios, ganan millones de dólares y luego viene un país más imperialista que ellos y quiere sacarlos del juego. Mientras, los argentinos pagamos tarifas más altas por todo servicio público. Se escuchan los ruidazos.

*Por Mara Pedrazzoli- Economista

Los vecinos agitamos ruidazos en contra de los aumentos en los servicios públicos y su pésima provisión. Miles de personas se quedaron sin luz debido a fallas en el mantenimiento de las instalaciones: cables, medidores, centrales térmicas que las empresas deben cambiar previendo picos de consumo en los centros cívicos en verano.

Hasta mediados de 2018, los aumentos en el servicio de energía eléctrica llegaron al 1.700% por la eliminación de los subsidios a las empresas distribuidoras; pero el nuevo precio pleno tampoco pareció alcanzar para que invirtieran en materiales (quizá sí sirve el esquema de precios general para motivar inversiones financieras). En enero de 2019 comenzaron a regir nuevas subas en las tarifas de luz, gas y también en el costo de la garrafa (que no contempla el sobreprecio que recarga el comerciante/distribuidor). Los vecinos de varios barrios porteños y bonaerenses comenzaron a movilizarse, realizando ruidazos cada viernes del mes. Los militantes de partidos políticos acompañan.

La semana pasada, el nuevo Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui –surgido del ala debilitada de la Jefatura de Gabinete y que responde directamente a la palabra Macri- discutió con las principales empresas petroleras del país la modificación de la Resolución 46 dictada por el ex ministro Aranguren, que aseguraba un precio “estímulo” del gas extraído en Vaca Muerta. A través de esa Resolución, el Estado garantizaba un precio mínimo de venta en el mercado interno de USD 7 que compensaba la diferencia con los USD 3 el millón de BTU que recibiría la empresa si lo vendiese en el mercado internacional (compensación que sería levemente decreciente por unos cuatro años).

La empresa Tecpetrol, de Techint, se ubica entre las principales perjudicadas por las modificaciones. Por ejemplo, se filtró entre la prensa que la empresa había duplicado su “producción” de shale gas en los yacimientos de Vaca Muerta en 2018: presentó un balance con proyecciones por 8,5 pero acaparó 17,5 millones de metros cúbicos diarios. Ahora el gobierno quiere compensarla sólo por el monto de producción prevista en los balances y diferir el 30% del pago del subsidio (que actualmente es del 15%).

Se trata de otro capítulo en la guerra por el shale gas: la nueva versión del combustible fósil que reemplazará en algunos años a la extracción de petróleo convencional, al menos en Estados Unidos: uno de los principales mercados del mundo.

Las principales reservas mundiales de petróleo convencional se encuentran en Rusia, Venezuela y los países del golfo pérsico. En 2016-2017 esos países sufrieron serias dificultades económicas (con excepción de Arabia Saudita) ante la estrategia de cartelización encarada por la OPEP para bajar el precio del barril de petróleo (de USD 100 en 2014 a USD 30 en 2016) y desalentar las inversiones en fracking (el método de extracción, con serias consecuencias ambientales, del shale gas). La crisis financiera que sufrió China en 2016-2017 también influyó en la escena, conllevando una disminusión en el consumo.

Pero las mejoras tecnólogicas, que parece siempre llegan, y la consolidación del mercado norteamericano a partir de 2016 torcieron nuevamente la balanza a favor de la explotación del shale gas en Estados Unidos y Canadá. El primero ha recuperado no sólo el autoabastecimiento sino su preeminencia como productor global de energía basada en fuentes fósiles gracias a las operaciones de fracking.

En este capítulo del shale gas, Argentina y Bolivia (ese país malo que no quiere atender en sus hospitales a los vecinos jujeños) ocupan un lugar protagónico ya que poseen las mayores reservas de gas no convencional a nivel mundial. La capacidad para trocar esas ventajas “productivas” en beneficio de quienes habitamos estas tierras parece estar, en el caso de Argentina, como mínimo interrumpida: mayores tarifas, peores servicios y potenciales cesiones a nuevas trasnacionales de las explotaciones en Vaca Muerta.