La Comisión por la Memoria presenta su informe anual

El próximo lunes 22 de junio a las 16 hs. en el teatro Coliseo Podestá de La Plata. Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país, organizaciones sociales de lucha contra la violencia policial y penitenciaria, y referentes del movimiento de derechos humanos acompañarán el acto. Además, estarán presentes representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de las provincias de Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro.

Este marco de amplios y diversos respaldos al trabajo de la CPM resulta fundamental para enmarcar el resultado de este trabajo en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en la agenda de la democracia. Como señala Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, “la lucha por los derechos humanos no tiene que ver sólo con lo que pasó durante la dictadura sino también con lo que pasa hoy. No puede haber tortura en democracia y por eso hay que denunciarlo. Los gobiernos deben escuchar y tomar medidas. Los derechos humanos, como la democracia, no se conquistan de una vez y para siempre; son el resultado de la lucha permanente de los pueblos”.

En este sentido, desde el año 2003 la CPM viene realizando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro, y también analizando, proponiendo y participando activamente del debate en torno a las políticas de seguridad en la Provincia. Desde las áreas del Comité contra la tortura y Justicia y seguridad democrática, se realiza esta tarea que una vez más adquiere la forma de un Informe Anual que analiza las prácticas y datos que describen el sistema de la crueldad bonaerense.

Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, afirmó que “el Informe Anual 2015 da cuenta de la crueldad de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental, políticas regresivas en materia de derechos humanos que apelan a discursos demagógicos y soluciones fáciles que no resuelven los problemas sino que los agravan. La tortura es una práctica sistemática, y la muerte de pibes jóvenes una consecuencia inevitable de la desatención sanitaria y las violencias. Para estos sectores pobres captados por el sistema penal, no hay derechos”.